12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas

Desde la Asociación Edith Moreno - Cogollos Córdoba hacemos extensiva la invitación a la 12 conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. Se realizará el jueves 17 de julio en Bs As.

Para mayor información e inscripciones hacé clic aquí

Marcha de la marihuana en Córdoba, Argentina 2012

SABADO 5 DE MAYO

MARCHA DE DESPENALIZACION DE LA MARIHUANA 

CÓRDOBA, ARGENTINA.

DESPENALIZACIÓN YA!!!

NO MÁS PRESOS POR PLANTAR

El apoyo a los cultivadores

Sobre leyes prohibicionismo, noticia publicada en Página 12 como subnota de una titulada "El costo de perseguir perejiles"

 A diferencia de otros años, los últimos cultivadores de marihuana allanados reciben el apoyo del activismo cannábico, de sus amigos y compañeros de trabajo. “No había pasado media hora del operativo que ya había gente en la calle”, dice Julián Peré, 49 años, usuario medicinal. El 23 de marzo pasado, con una orden del juez Sergio Torres, su casa de Boedo fue requisada y secuestraron 56 plantas, que cultivaba con su mujer. En mayo de 2011, tras recibir cuatro años de condena, con prisión efectiva, Pablo Aguirre tuvo el apoyo de sus compañeros del Ministerio de Educación de la Nación, quienes cortaron varias veces Santa Fe y Callao en solidaridad. Tenía diez plantas y pasó diez días detenido en una comisaría. Entre los allanamientos más difundidos estuvo el Matías Faray, integrante del Club de Cannabicultores del Oeste. Este nunca ocultó su pasión por el cannabis: antes de ser detenido en febrero de 2011, su cara y sus plantas habían salido en varias revistas y también en televisión. Según denunció en su momento, el allanamiento, de donde se llevaron 25 plantas, fue lo más parecido a un asalto. Faray contó que los policías que requisaron su departamento quisieron coimearlo y como no aceptó, le robaron: “Les tuve que pedir que me dejaran plata para pagar el alquiler”. En la actualidad, aguarda un juicio oral donde podría recibir condenas de hasta quince años de prisión, mientras trabaja en una zapatería. Está acusado de “siembra y cultivo de cannabis” y tiene prohibido volver a cultivar. Un año antes de la detención de Faray, otro activista, que también había pasado dos semanas preso, consiguió un fallo histórico. Julio Golot tenía 39 plantas en su casa de San Fernando. La fiscalía pidió ocho años, luego de que la policía consiguiera la orden de allanamiento aduciendo que Golot comerciaba su cosecha. Nada pudo ser demostrado. El insistió en que las plantas eran para su consumo y el juez Federico Xavier Tuya, de San Isidro, decidió sobreseerlo. Tuya declaró la “inconstitucionalidad” de penar el cultivo o acopio de semillas “utilizables para obtener estupefacientes destinados para su consumo personal”. El juez tomó la decisión basándose en el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia, que en 2009 declaró la inconstitucionalidad de castigar la tenencia de drogas para uso personal. Peré espera que la Justicia considere el fallo Golot para evaluar su cultivo medicinal.

Fuente   http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/191368-58546-2012-04-08.html

Proyecto de Reforma Integral de la Ley de Estupefacientes presentado por el Senador Anibal Fernández

Proyecto de Reforma Integral de la Ley de Estupefacientes presentado por el Senador Anibal Fernandez

http://anibalfernandez.com.ar/Documentos/Reforma%20Integral%20Ley%20Estupefacientes.pdf

Proyecto de legalización de drogas del partido socialista en Argentina

La Verdad Obrera / La Verdad Obrera Nº 436 / Debate
LOS EMBLEMAS DE LA LUCHA POR LA LEGALIZACION

DEBATE CON EL PROYECTO DE VICTORIA DONDA

Fecha: Jueves 21 de julio de 2011

¿Despenalización o legalización? ¿Reforma o derogación?

por Helena y Gonzalo en la Secretaría General del CEFyL En los últimos tiempos, desde la detención de Matías Faray, de Pablo Aguirre (que producto de la movilización hoy está en libertad aunque no fue absuelto), y el conocimiento de las torturas recibidas por William Vargas González, detenido por tenencia de plantas de marihuana; hasta los 25 mil jóvenes en todo el país que marcharon por la despenalización de la marihuana el 7 de mayo; colocan en primera plana la necesidad de profundizar la lucha por nuestras libertades democráticas, contra el poder del Estado de intervenir en nuestras vidas y contra la represión policial, desarrollando la más amplia movilización por las demandas de la juventud, por la legalización de las drogas y contra la represión policial y el gatillo fácil.

¿Lucha contra el narcotráfico?

El segundo negocio más rentable en todo el mundo en el cual están metidos jueces, policías y políticos patronales, el narcotráfico, es hoy la principal excusa que utilizan las potencias imperialistas, principalmente EE.UU, para lograr, “en su lucha contra el narcotráfico”, avanzar en su intromisión en los países semicoloniales en general y en América Latina en particular avanzando en el control geopolítico de la región.

El Plan Colombia fue iniciado en 1999 para un supuesto combate al “narcotráfico” asociado al “terrorismo”. Pero hasta un informe de EE.UU. de 2008 (GAO por sus siglas en inglés) asumía que fue un fracaso. Sólo hemos visto una incesante continuidad de instalaciones de bases militares, éstas sí exitosas. La DEA, lejos de combatir el narcotráfico, se ha instalado como parte del mismo.

Las décadas de injerencia militar en Colombia por la “guerra contra la narcoguerrilla” es sólo una excusa del imperialismo que les ha permitido atacar a organizaciones como las FARC y el ELN en Colombia, y a los cocaleros del Chapare en Bolivia.

La única medida contra el narcotráfico es legalizar las drogas, de otra manera se deja en pie la producción clandestina, base de este negocio, mientras se persigue a pequeños comerciantes de estas drogas y a los que las transportan (las llamadas “mulas”), así como a los consumidores.

Una ley reaccionaria

Actualmente rige la ley 23.737, creada bajo el menemismo y mantenida por el kirchnerismo, que tiene por único fin penalizar a consumidores de drogas y a adictos, así como a las llamadas “mulas” que muchas veces son víctimas del narcotráfico. De las 12.000 causas abiertas, la gran mayoría son por tenencia y algunas por el “pequeño” comercio. Ninguna por el gran comercio del narcotráfico.

Esta ley penaliza la “ostentación” o consumo en lugares públicos, “difundirlo” públicamente, sembrar, regalar, o almacenar. Permite también la figura del “agente encubierto”, que habilita a que, si la policía es encontrada traficando, tenga este haz bajo la manga. Viola un derecho de los más elementales que es el de decidir sobre nuestros cuerpos, a la vez que toma a los adictos como delincuentes o enfermos a los que obliga a tratamientos compulsivos que son otro modo punitivo. Fortalece el poder represivo del estado desde el aspecto coercitivo (por las penas con prisión efectiva), pero también porque en las calles le da vía libre a la policía del gatillo fácil para amedrentar, levantar y asesinar a los jóvenes.

Mientras Aníbal Fernández intenta embelesar a un sector de la juventud con su discurso despenalizador de la marihuana, Nilda “Garrote” Garre afila sus dientes hacia la juventud más plebeya. El “Operativo Centinela” esparce gendarmes y tiene entre sus atribuciones la de levantar a los jóvenes que fuman en las plazas para hacer cumplir la ley 23.737. A su vez el “Plan Cinturón Sur” despliega 2500 gendarmes y prefectos por la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde vive la juventud plebeya, más castigada por la represión policial. Así, exponen a la juventud a la represión de manera “justificada”, mientras el gobierno lo presenta como un combate al “delito organizado”.1

¿Despenalización o legalización? ¿Reforma o derogación?

La diputada Victoria Donda de Libres del Sur presentó un proyecto de reforma a la ley 23.737. Los aspectos en los que avanza son la derogación de las “medidas curativas”, y de artículos relacionados con la tenencia, el consumo, y el sembrado o cultivo de plantas. Sin embargo, mantiene penalizada la ostentación y la tenencia de materias primas (las semillas y plantas son justamente eso). No cuestiona las penalizaciones, en el mejor de los casos las suaviza. Además la justicia seguiría teniendo la última palabra para mostrar si somos o no consumidores. Además de mantener la figura del “agente encubierto”. [2]

Donda está planteando que “despenalizar es combatir el narcotráfico”. Sin embargo, como explicamos anteriormente, ni el autocultivo ni la despenalización pueden acabar con el segundo negocio más rentable a nivel mundial, para eso es necesario legalizar las drogas.

“Es urgente […] que el poder judicial y las fuerzas de seguridad centren sus esfuerzos en investigar los casos de tráfico de drogas y no perseguir a los usuarios…”3. A diferencia de Donda, sabemos que la policía cómplice del narcotráfico no puede combatirlo. Los hemos visto reprimiendo hace días a los docentes de Santa Cruz, en Kraft, en Soldati con la acción conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana (que tanto defienden Pino Solanas y los K). Son los que asesinan un pibe cada 24 hs. El problema no es un policía sino toda la institución y por eso es necesario desmantelarla. Debemos poner en pie un gran movimiento que pelee por la derogación de la ley 23.737 que sólo refuerza el poder punitivo del estado y legitima la represión policial y de las fuerzas de seguridad.

La lucha es por la legalización de las drogas

Desde la Juventud del PTS acompañamos los reclamos de despenalización y nos movilizamos junto a los jóvenes en esta lucha que siempre es progresiva, como lo hicimos en la marcha mundial de la marihuana, pero consideramos que será siempre insuficiente. Luchamos por la legalización de las drogas para restarle toda potestad a los capitalistas y sus políticos sirvientes a inmiscuirse en nuestras vidas y cuerpos, luchamos contra la utilización que hace el poder político sobre la prohibición de las drogas como un arma para criminalizar y perseguir a los consumidores, reclutar a los jóvenes más vulnerables para su negocio -narcotráfico- desapareciendo a quienes se niegan, como Luciano Arruga, y descomponer a los sectores populares. Lo que debe hacer el Estado es garantizar, bajo el control de los trabajadores de la salud, un plan nacional gratuito de atención a adicciones, sin medidas coercitivas ni compulsivas.

Nuestros derechos y libertades democráticas no se consiguen en la rosca parlamentaria, se conquistan con la organización y la movilización independiente. Nunca una ley fue el principio del cambio, sólo fue la formalización del mismo conseguido en las calles. Sólo con la movilización y organización independiente de cualquier sector patronal podremos imponer que la decisión sobre nuestros cuerpos no este judicializada, sólo así podremos luchar contra la policía del gatillo fácil, la persecución y represión a los jóvenes. Movilizados en las calles los jóvenes somos una gran fuerza social. Por eso tenemos que ser miles en las calles movilizándonos. Llamamos a las corrientes estudiantiles, a los centros de estudiantes, a la FUBA, a la Mella y al PO a sumarse a esta lucha contra la avanzada represiva del gobierno y por la legalización de todas las drogas.

¡Absolución a Pablo Aguirre! ¡Absolución de todas las causas!

Derogación de la reaccionaria ley 23.737

¡Abajo la Ley Seca!

Para terminar con el narcotráfico y su utilización para la injerencia imperialista:

¡Legalización de las drogas y desmantelamiento del aparato represivo!

¡Qué el Estado no se meta en nuestras vidas con su poder de fuego!

¡Por un plan nacional gratuito de atención médica a todas las adicciones, organizado y administrado por todos los trabajadores de la salud en base a mayor presupuesto!

¡Fuera las bases yankys de América Latina!

¡Fuera la DEA y todas las agencias policiales imperialistas de territorio nacional y latinoamericano!

¡Abajo los acuerdos Internacionales que se firman para perseguir a los usuarios de drogas!

[1] Este operativo, implementado nada menos que el 20 de diciembre del 2010 quiere mostrar que, a diferencia del 2001, hoy las fuerzas represivas están a la ofensiva en las calles. A los 3.000 gendarmes se le suman 6.000 más, con un presupuesto de 150.000.000 pesos.

[2] Mantiene en pie el artículo que indica que iría preso de 2 a 6 años a quien “usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público”. Habría una pena de cuatro a quince años de prisión para aquel que “comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte”. Mantiene también la pena de cuatro a quince años para aquel que “produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes” y para aquel que “comercie materias primas”. Las mulas -en caso de que tengan una escasa cantidad de drogas, sólo baja de 3 a 2 años la prisión mínima de la ley, mientras la pena máxima seguiría siendo de 12 años de prisión.

[3] http://victoriadondaperez.org.ar/20...



Articulo tomado de http://www.pts.org.ar/spip.php?article18240