ContextoEl 25 de agosto, la Suprema Corte argentina revocó una ley de los tiempos de la “guerra sucia” que tipificaba como delito la posesión, de incluso pequeñas cantidades, de marihuana. En la decisión la Suprema Corte dictaminó que la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para uso personal está amparada por el Artículo 19 de la Constitución Argentina, el cual establece: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.”
Este es el comunicado de ASOCIACIÓN COGOLLOS respecto al fallo.COGOLLOS Asociación Civil de Reducción de Daños de Córdoba adhiere plenamente al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la punición de la tenencia de estupefacientes para consumo personal puesto que la misma violenta el principio de reserva consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional. Por unanimidad, los magistrados entendieron que no cabe penalizar conductas realizadas en un ámbito privado que no ocasionan peligro o daño para terceros. Como muy bien lo señala el histórico fallo, remarcamos el total fracaso de la política prohibicionista en materia de drogas implementada desde la sanción de la ley 23.737 y sus nefastas consecuencias en todos los niveles, estigmatizando y convirtiendo al consumidor en delincuente por un lado, junto con un aumento del consumo y del narcotráfico y su violencia asociada, por el otro. La persecución penal de los consumidores alentadas por los prohibicionistas sólo trajo aparejado un abarrotamiento en los estrados judiciales de inútiles causas judiciales que no aporta nada al tema de fondo, desviando el foco de discusión hacia la identidad entre droga y delito, cuando la verdadera causa de éste se haya en la falta de educación, de trabajo, en la decadencia y la exclusión social. Así, estos prohibicionistas resultan funcionales a la punición de los consumidores, echándole la culpa a la sustancia y no al trasfondo social, impidiendo la modificación del sistema.
COGOLLOS tiene por objeto impulsar políticas públicas de drogas basadas en los principios de reducción del daño asociado al uso del cannabis, promoviendo planes de acción que favorezcan una aproximación a la vez sanitaria y social al uso del cannabis, asociando la asistencia a la prevención y la promoción de la salud, según establece nuestro Estatuto.
Desde COGOLLOS, no creemos en las prohibiciones. En cambio, sí creemos en la educación, en la información y en el respeto de los derechos individuales, donde cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones que atañen a su vida privada sin que el Estado pueda intervenir en dicho ámbito. En este sentido, coincidimos con el fallo en que no es función del Estado imponer una moral, sino asegurar un ámbito de libertad y respeto donde la moral de cada uno será ejercida en la medida que no afecte a terceros. Interpretarlo de otro modo sería llegar al absurdo de sostener que los prohibicionistas son más moralistas que los consumidores, lo que torna el argumento en inaceptable.
COGOLLOS coincide con otra Asociaciones, en especial ARDA, en la necesidad de disolver el SEDRONAR, organismo que ha servido menos para el fin para el que fue creado que para enquistar en el poder a sus dirigentes, como asimismo que “todo lo concerniente a la lucha contra el narcotráfico debe ser transferido a la órbita del Ministerio del Interior, mientras que las acciones preventivas, asistenciales y de inclusión sanitaria, laboral, social, educativa, deportiva y cultural de la población usuaria de drogas deben recaer en la Jefatura de Gabinete de Ministros en una instancia de coordinación de las actividades de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Trabajo y de las Secretarías de Deporte y Cultura de la Nación”, según el Comunicado de Prensa de ARDA.
Si bien somos conscientes de que este saludable fallo no es vinculante, por un lado entendemos que es un dato jurídico máximo y una guía para los jueces inferiores y por el otro, una advertencia y exhortación al poder ejecutivo para implementar una política de drogas desde una óptica socio-sanitaria y no punitiva. Esperamos que a partir del mismo, se abra el debate legislativo para la reforma de la vetusta Ley 23.737, tomando como base y fuente de ésta, los Considerando vertidos en la impecable resolución de la Corte.
¡¡¡¡A partir del fallo, LA REFORMA DE LA LEY 23.737 SE IMPONE!!!!
