Reforma de las ley de drogas en Argentina: ¡caliente!

marzo de 2009. Argentina - cada día falta menos para que nuestro país se desalinee del dogma de la guerra contra las droga de EE.UU. Esto fue publicado en Paginas 12:

UNA REFORMA A TRES BANDAS

LOS CAMBIOS A LA LEY DE DROGAS INCLUYEN UN ANTEPROYECTO SOBRE DESPENALIZACION, OTRO DE SALUD Y OTRO SOBRE LAVADO DE DINERO

Una reforma a tres bandas

El Comité Científico propondrá que no haya prisión ni tratamiento forzado a usuarios de drogas. Habrá un plan nacional que diferencie uso, abuso y adicción, con la óptica de reducción de daños. Contra el lavado, las claves serán el cruce de datos y su centralización.

Por Emilio Ruchansky

Se avecina el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declararía inconstitucional el artículo de la Ley 27.737 que pena la tenencia de drogas para consumo personal. Este fallo, que “no va a demorar mucho”, como advirtió el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, obligará a discutir en el Congreso la norma que criminaliza desde hace 20 años a los usuarios. Con este panorama, los integrantes del Comité Científico que asesoran en este tema al ministro de Justicia Aníbal Fernández creen que ha llegado el momento de ultimar la labor que se les encomendó y que asumieron ad honorem un año atrás: revisar la legislación vigente sobre drogas y elaborar anteproyectos para reformar la ley.

“Ojo, son sugerencias que pueden ser tomadas por los ministros, si no se toman o el objetivo es distinto nos iremos. No dependemos del Poder Ejecutivo ni somos funcionarios de la administración pública estatal”, se atajó Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva del Comité, en una entrevista exclusiva de Página/12. Las sugerencias están contenidas en tres anteproyectos. El primero es la reforma del aspecto penal que motivó la intervención de la Corte Suprema. El segundo se centra en la prevención y tratamiento de las adicciones. El último versa sobre los aspectos económicos del narcotráfico, principalmente el lavado de dinero, y sobre el buen uso de los bienes decomisados a las organizaciones criminales.

Los expertos –entre ellos los jueces Horacio Cattani, Patricia Llerena, Roberto Falcone y Martín Vázquez Acuña– ya acordaron que la reforma penal no incluirá condenas de prisión ni tratamientos médicos forzosos para quien posea una pequeña cantidad de droga para uso personal y no afecte a terceros ni haga apología. Tampoco se establecerán cantidades mínimas de sustancia. Según explicó Cuñarro, la cantidad se valoraría en cada caso concreto y entre las partes del proceso: “La idea es que el juez, con los elementos del caso, pueda determinar si se trata de comercio. Si alguien dice: es tenencia para consumo pero tiene el garaje lleno de cocaína, bueno... el juez tendrá que hacer algo o afrontar un jury de enjuiciamiento”.

Este proyecto está terminado como ley especial y ya circula entre los integrantes del Comité, compuesto también por la médica sanitarista Alicia Gillone, la psicoanalista Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese. El tenor de su urgencia lo constituye, como señala Cuñarro, “el hecho de tener las cárceles llenas de consumidores o mulitas indocumentadas”. También el colapso de la Justicia Federal, saturada de casos de “perejiles” como gusta llamar a los usuarios de drogas Aníbal Fernández, que alertó hace dos años y desde las páginas de este diario que la actual Ley 23.737 era “un fracaso”.

El segundo anteproyecto, sobre el aspecto sanitario, constituye para la fiscal, de licencia desde que es secretaria ejecutiva del Comité, “una obligación moral, tanto o más importante que la discusión sobre la criminalización o no de la tenencia para consumo personal”. No hay controles eficientes sobre las granjas y las comunidades terapéuticas ni límites precisos sobre las internaciones, advirtió Cuñarro. Desde el Comité denuncian que no se cumplen los estándares internacionales sobre la calidad de un tratamiento. “Hay organizaciones serias, como Fonga, por citar una. Pero también hay lugares que están librados a la buena de Dios, en los que se violan elementales derechos humanos como la libertad y la intimidad del adicto”, subraya la fiscal.

La sugerencia del anteproyecto es armar un plan nacional que diferencie entre uso, abuso y adicción, adoptando la óptica de reducción de daños, una estrategia usada en Uruguay, Brasil y en gran parte de Europa que toma en cuenta la subjetividad del adicto y su contexto, ofreciéndole un tratamiento no coercitivo y voluntario. “La internación compulsiva es la última medida y debe ser restrictiva”, comentó Cuñarro. Para este proyecto, fue fundamental la inmensa encuesta propuesta por el Comité, hecha por el Indec y presentada por la Presidenta. Allí se trazó un mapa sobre las adicciones: tabaco, alcohol y psicofármacos, todos legales, estuvieron a la cabeza.

El Comité ya relevó la jurisprudencia nacional e internacional y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “Le sumamos toda la legislación y anteproyectos vigentes ‘de buena factura’, como el de la provincia de Río Negro o el proyecto del legislador (Leonardo) Gorbacz”, confió la secretaria ejecutiva. Es la base con la que trabajan el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social, que agregarán sus observaciones y propuestas para terminar el anteproyecto.

El tema del lavado de activos motivó un viaje de Cuñarro a España en el verano, donde cursó una maestría sobre el tema. Más suelta en su terreno, la fiscal contó que Brasil es el principal país víctima de estos manejos en la región por su rápido crecimiento y voluminoso Producto Interno Bruto. “Pero también lo hay en la Argentina –afirmó–. Por eso creemos que falta reforzar el Banco Central y la Afip; es la única manera de controlarlo. También hace falta recuperar conocimiento porque el Estado pasó una década de vaciamiento y los expertos se fueron a la esfera privada.” El cruce de datos y su centralización serían las claves de este proyecto, que también estipula un nuevo sistema para la distribución de los bienes decomisados.

“Lo que hay vigente es una comisión mixta, creada en 2001, entre la Sedronar (la Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico) y Julio Nazareno, el ex ministro de la Corte Suprema menemista. Nunca aportaron una denuncia ni un banco de datos cruzados. No nos ha servido ni a los fiscales ni a los jueces para seguir la ruta del dinero. Además nos preocupa la transparencia en la manera en que esta comisión otorga los bienes decomisados. Es un sistema que se presta al acomodo”, enumeró Cuñarro. El anteproyecto modificaría este organismo, regularía el pedido de información e instaría a recuperar el dinero que los narcos mandan afuera.

Los tres anteproyectos están siendo retocados y resta completar sus fundamentos. Cuñarro sigue intrigada porque en la Argentina “el tema de la no criminalización del usuario es casi como hablar del divorcio en los ’70, a diferencia de países más religiosos como España, Brasil o Chile, en los que no está criminalizado”. Mientras, junta firmas entre sus colegas del mundo judicial y académico en apoyo a un documento sobre las iniciativas del Comité. “Algunas consideraciones de la iglesia o de la gente conservadora sobre el tema son de tipo moral –insistió–, pero la moral es una cosa y el derecho penal es otra.”

MONICA CUÑARRO, LA TITULAR DEL COMITE:
Lo que está en discusión

La secretaria ejecutiva del Comité Científico Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja recibe a Página/12 después de un largo silencio mediático. Habla cuando tiene algo que anunciar, siempre ha sido así. Una vez hecho el anuncio se permite reflexionar, con una mezcla de franqueza y cautela, sobre la corrupción policial, la falta de una política de drogas seria, las estructuras judiciales que la limitan a investigar como fiscal y sobre la buena salud del narcotráfico y sus nuevas estratagemas. Deja para lo último la manipulación mediática. “Creía que no se entendía el tema, ahora veo que está muchas veces mal instalado porque se perjudican intereses”, asegura.

–Usted planteó un mapa del narcotráfico en la Argentina junto al fiscal Carlos Rívolo en 2006. ¿Cómo ve la situación ahora?

–Bueno, entonces decíamos que éste era un país de tránsito donde pasaban grandes cantidades de cocaína y que para que ingresen había nichos de corrupción y zonas sensibles al narcotráfico. Esto no es Cáritas sino un negocio dentro de un negocio internacional, no buscan que las 700 toneladas de cocaína de Colombia, Perú y Bolivia queden en el mercado argentino, sino que lo que se busca obtener es la mayor rentabilidad traficando a Europa. Eso sigue pasando y se ha consolidado.

–¿Es lo que posibilita la aparición de nexos de supuestos carteles narcos?

–No. Ahora lo que se advierte son franquicias, nadie hace todo el circuito entero. Es un fenómeno que va mutando. Entonces hay unos que cultivan, otros que transportan, otros que se encargan de la introducción y de ver de qué manera logran connivencia oficial para ingresar una sustancia prohibida por la frontera porque, digamos, requiere una ingeniería y una logística determinada. Otros se encargan del trasporte dentro del territorio nacional y otros de los contactos para la salida. Como usted comprenderá, la cocaína no va a salir por sobres. La mayoría de los cargamentos salen por vía marítima y la provincia de Buenos Aires tiene los puertos más grandes: Zárate-Campana, Bahía Blanca y el puerto de Mar del Plata. Ese control político y de seguridad le corresponde a la Policía Bonaerense porque está dentro de su territorio y éste es un país federal.

–Cuando habla de franquicias, infiero que nadie maneja todo el negocio...

–No se puede. Todo está tercerizado.

–Por lo que usted dice, parecería que la Policía Bonaerense es parte.

–Bueno, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni dijo que no puede haber narcotráfico sin connivencia oficial. Esta no es una frase nimia, es grave, seria. El narcotráfico busca corromper a funcionarios de la fuerza, del poder judicial, del ministerio público. Zaffaroni lo relaciona con un error político de Daniel Scioli de darle más autonomía a la policía bonaerense y desgraciadamente los hechos le siguen dando la razón.

–¿Es todo responsabilidad de los agentes bonaerenses?

–Eh, bueno. El narcotráfico es un fenómeno complejo. ¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Están el conurbano y el interior de la provincia. El conurbano es distribución y la provincia en sí son los tres puertos. Hasta ahora el control sobre los puertos es deficitario por los reportes internaciones que tenemos. La cocaína incautada en España, Portugal o incluso Australia siempre ha salido por estos puertos. Lo que significa que la actividad de prevención es mala.

–Por las palabras de Scioli, da la sensación de que se libra un intenso combate contra el narcotráfico.

–La provincia de Buenos Aires es la única que adhirió a la desfederalización de las causas menores relacionadas con el narcotráfico y lleva entre el año pasado y éste más de 10 mil procedimientos antidrogas. Pero el éxito no se mide por la cantidad de decomisos. Si la mayoría de los decomisos son de tenencia para consumo, pequeño comercio y en la calle, sin inteligencia previa, si no puedo determinar que lo incautado es lo mismo que se destruye al final de un proceso, si no puedo controlar la calidad de la sustancia que la fuerza está destruyendo, si de esas más de 7 mil detenciones o de 10 mil causas los jueces no llegan ni al 5 por ciento en fijar procesamientos con prisión preventiva, es que es un fracaso.

–¿Es posible que no se destruya la droga incautada?

–Dije que se destruye algo, pero no hay establecido un mecanismo dentro de la fuerza de seguridad que permita cruzar lo decomisado, la pericia de cuál es la sustancia de corte, saber la calidad de lo decomisado y al momento de la destrucción, que es una orden que da el juez, ver si es lo mismo. Y si no es lo mismo, adivinen quién se la pudo haber quedado, no hay mucha gente.

–¿No está pautado que se chequee qué es lo que se está incinerando?

–No está pautado ese control. Es algo que señalamos por primera vez en el 2006 con el doctor Rívolo en el informe que el entregamos al procurador de la Nación, Esteban Righi. Al final del informe, hacemos una propuesta de lo que se debe hacer pero desde ese año hasta ahora está en estudio, con los tiempos que tiene la Procuración para estudiarlo, que son lentos. A mí no me interesa, como fiscal, si se encontraron 5, 10 o 15 kilos de cocaína. Me interesa saber si aparte de eso detuvieron a alguien, dónde estaba almacenada la droga, datos que sirvan para desbaratar a la banda completa.

–Disculpe la insistencia, ¿debemos creer que se confía en que los funcionarios judiciales y policiales no se van a quedar con nada? ¿Que no hace falta pesar de nuevo la droga antes de quemarla?

–No tiene que ver con el peso, sino con los controles de corrupción. Yo puedo tener 50 kilos decomisados y al momento de la destrucción son 50 kilos de harina.

–Esos 50 kilos de droga vuelven al mercado, es plata que se llevan la policía o los funcionarios judiciales...

–Es lo que corrompe a las fuerzas. Nadie quiere decir que Daniel Scioli es una persona deshonesta, pero yo creo que está mal asesorado en este punto. Es que quiere ver todo positivo, pero no sirve dar a la gente una imagen de que todo se controla, porque no es así. Pero no es solamente en esta provincia, pasa en otras, sensibles al narcotráfico, donde hay pistas de aterrizaje clandestinas como en Salta o en las rutas santafesinas. Es muy fácil decir “combatimos todo esto con una reforma procesal, ágil, rápida, que en 24 horas manda a alguien preso o combatimos esto con un aumento de penas”. Son fórmulas a las que han apelado en Mendoza o en la provincia de Buenos Aires. Para qué sirvió laxar las garantías y laxar el estado de derecho a los ciudadanos cuando tenemos un caso como el de Bergara, donde a un policía involucrado en el secuestro le encuentran varios panes de marihuana en la casa. La gente ve esto y los políticos pierden credibilidad.

–¿Por qué cuesta hablar de descriminalización del usuario en este contexto?

–Siempre creí, hasta un determinado momento, que era difícil porque no se lo entendía. Hoy creo que mediáticamente está muchas veces mal instalado porque se perjudican intereses de las empresas farmacológicas, de las que venden bebidas (en especial de la cerveza) y de la corporación de las fuerzas con sus nichos de corrupción. No se puede construir una norma penal en base a la moral del buen padre de familia, eso es para el derecho civil. En esto admito que hay una confusión, que se haya interpretado como que hay una liberalización de las drogas, cuando uno en verdad lo que está diciendo es que en el supuesto caso de que haya una adicción fuerte, merece una protección de tipo civil, porque mantener este tema dentro del campo penal estigmatiza a la persona, se la arruina, se la quita del sistema de salud, es imposible que consiga inserción laboral.

–Sin embargo, sus colegas fiscales siguen autorizando procedimientos contra los usuarios de drogas que no comercializan.

–Entre las propuestas que envié con Rívolo a la Procuración Nacional estaba la de modificar la resolución de política criminal de la época del procurador durante la presidencia de Carlos Menem. Hasta hoy sigue vigente esa resolución, que indica que hay que perseguir hasta los casos ínfimos, que involucrar a meros consumidores. El actual procurador no lo modificó. Sería saludable que en algún momento se modifique porque satura el sistema judicial y se utilizan recursos en materia federal que serían necesarios para las causas de fraude a la administración pública, contrabando de estupefacientes o grandes fraudes bancarios.

MONICA CUÑARRO, SOBRE LA FALTA DE CONTROL EN LOS PRECURSORES

“Tengo dudas de que se trate de negligencia”

¿Existe un control efectivo sobre el desvío de los precursores químicos?

–No.

–¿Es posible controlarlos desde el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre)?

–En algún momento creí que había negligencia en el control de parte del Registro, ahora tengo mis dudas de que se trate de negligencia...

–Hace poco el Renpre autorizó, por teléfono, el ingreso de más de ocho toneladas de efedrina a la Argentina, cuando sólo necesita mil kilos para satisfacer la demanda farmacológica.

–Esa empresa estaba registrada como una empresa que se dedicaba a vender golosinas y obtuvo una inscripción y autorización en menos de 24 horas en un país en el que, sabemos, obtener una autorización del Estado lleva mucho más tiempo.

–¿Cómo una empresa de golosina puede necesitar un precursor químico?

–Justamente por eso le dije que en un momento pensé que era negligencia y que hoy tengo mis serias dudas. Y si no ponemos el acento en el control de las personas físicas o jurídicas que desvían precursores químicos al mercado ilegal, con destino a los países productores o a México para llegar a Estados Unidos, estamos en serios problemas porque la Argentina es un país productor de precursores químicos y sin ellos no hay estupefaciente prohibidos.

–Una empresa que desvía estos precursores, de alguna forma tiene que llenar el bache contable que genera la salida de la mercadería y el ingreso de mercadería.

–Correcto. Ese es un resorte de control estatal. Es decir, el control administrativo del Estado tiene que ver que esa persona física o jurídica tenga existencia real, que su domicilio real sea igual al constituido, que presente balances, que tenga empleados, que tenga movimientos comerciales en cuentas corrientes, etc. No- sotros en el Comité sostenemos que el Registro de Precursores en poder de una Secretaría del Estado (la Sedronar) no iba a funcionar y lo dijimos mucho antes de que tomara conocimiento público la autorización en menos de 24 horas de una empresa.

–¿Pero ese control no había pasado de la Sedronar a la Anmat?

–No. El control administrativo está, por ley, en el Registro de Precursores Químicos, que es una dependencia administrativa de la Sedronar. En definitiva, si es un registro que tiene que controlar las sustancias industriales, usted no se lo va a dar a la Facultad de Psicología; si tiene que controlar la calidad de una sustancia medicinal no se lo va a dar a un ingeniero. Es decir, en principio el Estado tiene la Secretaría de Industria, de Comercio y esos lugares tienen laboratorios, equipos, inspectores. La Anmat, el Iname por parte de la cartera de Salud, son los lugares naturales que tiene cualquier Estado y que están dotados y capacitados para dividir en este tema lo que es lícito de lo que es ilícito. Si han puesto el control en otro lado es un error, después nos dimos cuenta de que no era un error sino de que había varias irregularidades.

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