Desaconsejan no penalizar las drogas
El canciller de Colombia y ex embajador en la Argentina dijo que liberar el consumo de estupefacientes contribuye al narcotráfico
Viernes 13 de febrero de 2009
BOGOTA.- Jaime Bermúdez conoce tanto la Argentina que, cuando LA NACION empieza a consultarlo sobre la existencia de conexiones del país con el Cartel de Juárez, asiente con la cabeza, sin dejar terminar la idea.
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia desde hace ocho meses, abogado, doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y principal asesor mediático del presidente Alvaro Uribe, Bermúdez no puede ignorar lo que significa cualquier declaración pública para el matrimonio Kirchner: fue, hasta junio pasado, el embajador colombiano en Buenos Aires.
Aun así, y aunque cuidada, su advertencia suena controvertida: la experiencia de Colombia, dice, indica que despenalizar la droga no ayuda a combatir el narcotráfico, sino todo lo contrario.
El tema es espinoso en Buenos Aires. El gobierno argentino impulsa en estos días un proyecto destinado a no sancionar la tenencia de estupefacientes con el argumento de que el adicto merece sólo atención médica.
"No voy a opinar sobre la situación argentina", se ataja Bermúdez en algunos tramos de la charla, que mantuvo en esta ciudad con LA NACION y otros medios internacionales, todos invitados por el gobierno colombiano.
Venta por acumulación
El ministro prefiere en cambio tocar la cuestión en términos más o menos generales, aunque la referencia se vuelva, en cada momento, inevitable hacia la Argentina y México. "Hay que dar un debate sobre cómo controlar, ver en qué medida la despenalización de la droga es utilizada como mecanismo de distribución".
¿A qué mecanismo se refiere?, preguntó este diario. "Es muy simple: en estos casos, se vende por acumulación -contestó-. No se vende el kilogramo de droga, se vende de a gramo. A usted lo dejan tener una pequeña cantidad y entonces vende rápidamente esa cantidad. Después lo hace con otra pequeña porción, después con otra, y así."
La cuestión ya provocó controversias en la Argentina. No sólo el Gobierno planteó a fines del año pasado la pretensión de impulsar el referido proyecto de despenalización: la iniciativa podría coincidir con un inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto.
Aníbal Fernández, ministro de Justicia y Seguridad, fue, en diciembre pasado, el más entusiasta de los defensores gubernamentales de la medida, cuando llamó "trogloditas" a quienes se oponían (la Iglesia, entre otros). "Nosotros -dijo el ministro- queremos recuperar a nuestros jóvenes de la mejor manera y no metiéndolos presos."
Bermúdez es tan locuaz como Fernández. "Por supuesto que hay cuestiones de salud que un país debe atender, como darle asistencia al adicto", afirma, antes de que este diario insista sobre el proyecto de la Casa Rosada.
"No voy a opinar sobre la Argentina -sostuvo-. Pero, dada la experiencia que hemos tenido en Colombia, con los elementos que acabo de describir, te darás una idea bastante acabada de cuál es mi postura."
El pensamiento del ministro se sustenta en un concepto que Uribe ha repetido varias veces por aquí: el país demandante también moviliza el narcotráfico.
Corresponsabilidad
"Debe haber un principio de corresponsabilidad: son tan responsables en el tema de las drogas quienes consumen como quienes producen -insistió Bermúdez-. No puede ser que se responsabilice más a los países que producen que a los que demandan. Antes, aquí se creía lo mismo, pero el consumo en Colombia ha aumentado muchísimo. Y en América latina está muy difundido", afirmó.
Colombia todavía lucha contra el flagelo y sus derivaciones. Aunque, subida a una fuerte alianza con los Estados Unidos, que empezó con el gobierno de George W. Bush y que tiene aún críticos por aquí, exhibe ahora una mejora en los indicadores de seguridad: logró bajar el año pasado a 437 los 2882 secuestros que había sufrido en 2002.
Los datos del Observatorio de Crímenes de este país permiten ubicar a Bogotá con un índice de 18,2 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes. Mejor que San Pablo (55), Río de Janeiro (48,3), Washington DC (34), México (20,4), pero todavía peor que Buenos Aires (12) o Santiago (6).
La ciudad de Medellín será sede, dentro de un mes y medio, de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que a su vez festejará su 50° aniversario. El gobierno local pretende que esa celebración consiga mostrar la mejor cara de Colombia, objetivo para el que organiza entrevistas de sus funcionarios invitando a medios periodísticos de todo el mundo, entre ellos, LA NACION.
Por un Estado débil
¿Qué es lo que ha descuidado un país que le abre la puerta al narcotráfico?, se le preguntó a Bermúdez. "Yo hablo de Colombia, ¿no? En primer lugar, lo que lo provoca es un Estado débil y ausente. Aquí, la sociedad subvaloró el tema, lo toleró e incluso se benefició. Y, cuando nos dimos cuenta de que esta gente no sólo se enriquecía, sino que mataba, que secuestraba, ya era tarde", contestó.
El ministro Bermúdez quiere también ser prudente con México, país con cuyas autoridades, reconoce, el gobierno colombiano se ha reunido varias veces para tratar el tema.
"Uno, como gobierno, como país, como ser humano, no debería dar consejos, como no sea en algunos casos específicos, como el de nuestros hijos. No me atrevería a darle consejos a México. Pero tenemos toda la voluntad de colaborar con México. Para resolver este problema debe haber, en primer lugar, una autoridad decidida verdaderamente a combatir el terrorismo."
La Corte todavía no se pronunció
* Antes de entrar en el receso de verano, desde el interior de la Corte Suprema había trascendido que este mes se conocería un fallo favorable a la despenalización del consumo de drogas para uso personal. Las versiones indicaron entonces que cinco magistrados ya tenían decidido apoyar ese dictamen. Sin embargo, el tratamiento del tema podría demorarse, ya que en la Corte se buscaría el voto unánime de sus miembros frente a una cuestión de alto impacto en la sociedad. El anuncio de ese fallo provocó la reacción negativa de varios gobernadores peronistas, entre ellos, Daniel Scioli, Julio Alperovich y Juan Schiaretti.
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